Preguntas Frecuentes sobre Negligencias Médicas

Un resultado adverso no demuestra por sí solo que exista responsabilidad. Para valorar una posible negligencia se estudian la actuación sanitaria conforme a la lex artis del caso, el daño efectivo y la relación causal entre ambos. La documentación clínica y, con frecuencia, el análisis pericial permiten comprobar estos elementos:

1. Existencia de un deber de cuidado: El profesional sanitario debe ejercer su actividad conforme a la “lex artis ad hoc”, es decir, siguiendo la buena práctica médica generalmente aceptada, los protocolos clínicos aplicables y el estado de la ciencia en el momento de la intervención.
2. Incumplimiento de dicho deber: Este incumplimiento puede consistir en una acción (p. ej., realizar una operación innecesaria o equivocada) o en una omisión (p. ej., no efectuar pruebas diagnósticas esenciales).
3. Relación de causalidad: El daño ocasionado al paciente (lesión, secuela o fallecimiento) ha de ser consecuencia directa de dicho incumplimiento.
4. Daño efectivo: Debe existir una lesión o perjuicio real y evaluable (físico, psíquico o moral) que no se habría producido de haberse seguido la buena práctica médica.

La viabilidad no puede decidirse solo por el resultado. Conviene reconstruir la cronología, obtener la historia clínica completa, identificar el daño y valorar si hay indicios de relación causal. Un perito de la especialidad correspondiente puede ser necesario para analizar la actuación sanitaria; después se determina la vía jurídica aplicable.

El plazo debe calcularse con los hechos y la vía concreta. En la sanidad pública, el artículo 67 de la Ley 39/2015 establece un año y, para daños físicos o psíquicos, vincula el inicio del cómputo a la curación o a la determinación del alcance de las secuelas. En la sanidad privada puede ser necesario distinguir entre responsabilidad contractual y extracontractual, relacionadas con los artículos 1101 y 1902 del Código Civil. Esas normas no permiten fijar aquí una fecha límite universal: pueden influir el tipo de acción, la estabilización del daño y otros actos con efecto sobre la prescripción. Conviene revisar las fechas cuanto antes.

Empiece por una cronología y conserve los documentos disponibles. El paciente tiene derecho de acceso a su historia clínica y a obtener copia, con los límites previstos en el artículo 18 de la Ley 41/2002. La lista siguiente es orientativa; cada asunto puede requerir otros documentos:

• Historia clínica completa
  • Informes médicos y de alta: Reflejan la evolución del paciente, las pruebas realizadas y los tratamientos recomendados.
  • Pruebas diagnósticas (radiografías, análisis, informes de laboratorio, etc.): Son fundamentales para acreditar el estado de salud antes, durante y después del procedimiento médico.
  • Prescripciones y recetas: Permiten verificar qué medicamentos o terapias se indicaron.
  • Documentación de seguimiento: Incluye todas las anotaciones que el equipo médico haya realizado a lo largo del tratamiento o la hospitalización.

• Peritaje médico
  • Informe de un especialista independiente: Un médico ajeno al proceso (preferiblemente de la misma especialidad que aquel cuya actuación se cuestiona) debe analizar la historia clínica y valorar si la actuación se ajustó a la “lex artis”.
  • Conclusiones técnicas: El perito determinará si existió o no mala praxis y si el daño podría haberse evitado con la diligencia profesional debida.
  • Nexo causal: Debe establecerse la relación directa entre la presunta negligencia y el perjuicio sufrido.

• Facturas y justificantes de gastos adicionales
  • Gastos médicos y farmacéuticos: Recetas, tratamientos privados posteriores, rehabilitación, terapias complementarias, etc.
  • Transportes, desplazamientos y alojamiento: Si han sido necesarios por el tratamiento o debido a la lesión.
  • Daños y perjuicios económicos: Por ejemplo, si el paciente ha dejado de trabajar o ha tenido que contratar ayuda externa.

• Comunicación con el centro sanitario
  • Respuesta del centro o del médico: Si existe, puede contener información de gran valor, como explicaciones del procedimiento o reconocimiento de errores.
  • Reclamación previa o quejas por escrito: Si se ha presentado una queja formal en el servicio de atención al paciente o por otros cauces (p. ej., defensor del paciente), estas comunicaciones ayudan a demostrar que se informó al centro del problema.
  • Correos electrónicos o cartas certificadas: Acreditan la fecha exacta en la que se formuló la reclamación o consulta, aspecto relevante para el cómputo de plazos.

La posible cuantía depende del daño acreditado, las secuelas, los gastos, la pérdida de ingresos y las circunstancias del caso. En responsabilidad patrimonial, el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015. La valoración requiere documentación y no puede anticiparse una cifra ni un resultado sin estudiar el expediente.

Puede explorarse un acuerdo extrajudicial cuando las partes disponen de información suficiente para valorar la responsabilidad y el daño. Su conveniencia depende de la prueba, la propuesta recibida, los costes, los plazos y los riesgos de continuar. Un acuerdo suele cerrar las cuestiones incluidas en él, por lo que debe revisarse antes de aceptarlo.

• Tiempo y costes
  • La negociación y la vía judicial tienen fases, costes y riesgos distintos que deben compararse en el caso concreto.
  • La duración y el coste no pueden anticiparse sin conocer la prueba, la respuesta de la otra parte y el procedimiento aplicable.

• Alcance del acuerdo
  • La propuesta debe identificar qué daños, pagos y obligaciones incluye y qué cuestiones quedan cerradas.
  • Antes de firmar, conviene comprobar el alcance de las renuncias, la forma de pago y las consecuencias jurídicas.

No existe una opción universalmente mejor. La decisión entre negociar, reclamar o no continuar debe tomarse después de comparar la prueba disponible, la oferta, los costes y los riesgos.

1. Honorarios de abogado: deben informarse según el alcance del encargo y la vía elegida.
2. Procurador, tasas u otros gastos procesales: dependen del procedimiento y de la situación del reclamante.
3. Perito médico: su intervención y coste dependen de la especialidad y del trabajo necesario.

No hay una duración fija. Influyen la obtención de la historia clínica, el análisis pericial, la vía elegida, la respuesta de la otra parte, la carga del órgano competente y los posibles recursos. Tras revisar el expediente se pueden explicar las fases previsibles, pero no asegurar una fecha de finalización.

La negativa del profesional, el centro o su aseguradora no determina por sí sola el resultado. Se revisan los motivos de la respuesta, la historia clínica, la prueba pericial y la vía aplicable. Según el caso, puede continuarse la negociación, formularse una reclamación administrativa o ejercitarse una acción judicial. La decisión depende de la solidez de la prueba y de los riesgos y costes explicados al cliente.

El perito médico aporta conocimientos técnicos para analizar la historia clínica, la asistencia prestada, el daño y la posible relación causal. Su función es distinta de la del abogado: el perito emite una valoración médica independiente y el abogado estudia su encaje jurídico. La necesidad, especialidad y alcance del informe dependen de cada caso.

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